El Senado aprobó, con cambios, la minuta que reforma la Ley General de Salud para establecer la obligatoriedad escolar de practicar 30 minutos diarios de ejercicio físico y prevenir padecimientos de sobrepeso y obesidad que ponen en peligro la salud de los menores.

Los senadores modificaron la propuesta de la Cámara de Diputados para que el tiempo dedicado a estas actividades pueda ser de manera continua o fraccionada, de acuerdo con “las capacidades humanas y de infraestructura de cada plantel educativo”.

Además, los cambios planteados por las comisiones de Salud y Estudios Legislativos y aprobados por el pleno senatorial, contemplan que las autoridades sanitarias, educativas y laborales apoyen las actividades “de promoción para proveer una alimentación correcta que favorezca el desarrollo sano del núcleo familiar”.

En este punto, la colegisladora había propuesto que dichas autoridades debían promover “una alimentación equilibrada en proteínas, baja en grasas y azucares que permita un desarrollo sano del núcleo familiar”.

La reforma, que había quedado pendiente de votación en la sesión pasada, fue respaldada en lo general con 78 votos a favor, nueve en contra y dos abstenciones.

Asimismo, la asamblea senatorial avaló, con 65 votos a favor, una modificación al dictamen para que la Secretaría de Educación Pública promueva el incremento progresivo del tiempo destinado a la actividad física que habrá de practicarse en la jornada académica diaria, el cual podrá ser de manera continua o fraccionada.

En la anterior sesión, el senador panista Ernesto Saro Boardman resaltó que el sobrepeso y obesidad en niñas y niños “genera adolescentes obesos y personas adultas con diabetes o hipertensión”, por lo que se exige voluntad a la Secretaría de Educación Pública para que promueva una cultura de la actividad física en los menores.

Con los cambios --dijo-- se procura que los 30 minutos se apliquen en la medida en que las instituciones académicas tengan recursos humanos, instalaciones y flexibilidad necesaria.

Por su parte, el senador Pablo Gómez Álvarez cuestionó los cambios de las comisiones dictaminadoras, porque “promover una alimentación correcta es menos específico que decir baja en grasas y calorías”, como lo planteaba la Cámara de Diputados.

Aseguró que la reforma “no resuelve nada”, ya que plantea la obligación de la educación física a todos los niveles escolares, pero “se dice: no se puede, no hay profesores, no hay dinero, no hay campos, no hay horarios, no hay nada en la mayoría de las escuelas. Es ahí donde está el problema”.

En la misma sesión, el senador Ricardo Monreal Ávila, del PT, refirió que entre 1999 y 2006 el sobrepeso y la obesidad de la población escolar infantil aumentaron de 18.6 a 26.8 por ciento.

En este sentido, dijo, las escuelas son el lugar ideal para enseñarles a los menores y a los jóvenes cómo adoptar y mantener un estilo de vida activo, pero muchos planteles de nivel básico no cuentan con la infraestructura necesaria para llevar a cabo este tipo de actividades.

Por su parte, el senador Rafael Ochoa Guzmán mencionó que la obesidad en niños y jóvenes es un problema de salud pública que deben abordar los tres niveles de gobierno de manera integral.

Sin embargo, acotó, el incremento de horas en la educación física requiere cambios a planes y programas de estudio vigentes, “acción que en este momento no es pertinente”, pues la modificación tendría repercusiones académicas, normativas, laborales, financieras y jurídicas.

El sobrepeso y la obesidad, destaca el dictamen, son problemas que afectan en la actualidad a casi el 70 por ciento de la población, encontrando que del total, el 71 por ciento son mujeres y 66 por ciento son hombres entre los 30 y 60 años.

La obesidad propicia entre otros padecimientos asma, hipertensión, diabetes, cáncer, enfermedades cardiovasculares, depresión, deformación de las extremidades, edad ósea avanzada, problemas ortopédicos, disfunciones renales e incluso causar la muerte.

El dictamen a la minuta que reforma los artículos 65 y 66 de la Ley General de Salud fue devuelta a la Cámara de Diputados para sus efectos Constitucionales.

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