El Senado de la República aprobó castigar con prisión de ocho a doce años y de mil a doce mil días multa, a quien sustraiga o aproveche petróleo crudo, hidrocarburos refinados, procesados y sus derivados de ductos, equipos o instalaciones de Petróleos Mexicanos.
Asimismo, a aquellas personas que los sustraigan de organismos subsidiarios o empresas filiales de la paraestatal.
Los senadores aclararon que estas sanciones aumentarán hasta en una mitad cuando el responsable sea o haya sido trabajador o servidor público de la industria petrolera, o suministre información que resulte útil para la comisión de los delitos de referencia.
También, acordaron sancionar con prisión de tres a seis años y de quinientos a mil días multa, a quien suministre gasolinas, diesel y gas LP con conocimiento de que está entregando una cantidad inferior a la que aparezca registrada por los instrumentos de medición.
Sin embargo, los legisladores rechazaron los cambios efectuados por la Cámara de Diputados en cuanto a considerar como delito grave y de delincuencia organizada a quienes posean o resguarden hidrocarburos.
Convinieron especificar que será causa de pena de prisión de dos a cuatro años a quien posea o resguarde de manera ilícita petróleo crudo o hidrocarburos refinados, cuando la cantidad sea menor de 300 litros pero menor de mil.
Cuando la cantidad sea igual o mayor a mil litros, se contempla sancionar cuatro a diez años de cárcel y de mil a doce mil días multa.
Asimismo, los senadores aclararon que no se aplicarán las penas cuando el sujeto activo detente la posesión de estos productos con fines de consumo para actividades agropecuarias o pesqueras lícitas dentro de su comunidad.
Al fundamentar el dictamen, el senador panista Alejandro González Alcocer dijo que no aceptaba las modificaciones de los diputados, ya que en el fondo lo que subyace es tratar de suplir a través de la ley las deficiencias tanto de PEMEX como de la procuración de justicia.
Por su parte, el senador panista Rubén Camarillo Ortega subrayó que no se pretende criminalizar a campesinos o pescadores que pudieran tener en su posesión cantidades de hidrocarburos que “razonablemente utilizan para sus actividades día a día”.
En tanto, el senador Pablo Gómez Álvarez, del PRD, resaltó que extraer de forma ilícita de la industria petrolera tanques, ductos y todo lo que la conforma, sí merece ser considerado como un delito grave y dentro de la Ley de la Delincuencia Organizada.
También del PRD, el senador perredista Tomás Torres Mercado consideró necesario pedir a Pemex que actualice sus lineamientos normativos generales en materia de abasto y distribución de hidrocarburos.
A su vez, el senador petista Ricardo Monreal Ávila alertó que si se aprobaban los cambios de la Cámara de Diputados, “estaríamos criminalizando y privando de diversos privilegios procesales, a quienes cometan estos delitos, es decir, el que se robe 10 mil pesos en combustible estará sometido a delincuencia organizada”.
Por último, Luis Walton Aburto, de Convergencia, manifestó que no se pude aceptar que quien tenga mil litros de gasolina va a ser terrorista, ¿acaso en México todo va a ser delincuencia organizada o todo va a ser terrorismo?
La minuta que reforma el Código Penal Federal, el Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, se envió a la Cámara de Diputados para sus efectos constitucionales.
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