La Comisión de Seguridad Pública avaló reformas a las leyes Federal de Armas de Fuego y Explosivos, General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Orgánica de la Procuraduría General de la República, a fin de facultar a agentes del Ministerio Público a portar armas para su defensa.

En el dictamen a la iniciativa se menciona que “la violencia que parece no tener fin ni límites, ha incluido a agentes del Ministerio Publico de los órdenes federal y estatal”, que han perdido la vida en operativos contra el crimen organizado.

“La delincuencia organizada --se agrega-- atenta contra la vida de estos funcionarios y de sus familiares, los cuales están perfectamente identificados por los delincuentes”.

En la reunión de trabajo, el senador panista Ramón Galindo Noriega manifestó que “es lamentable que elementos del gobierno que tienen a su cargo investigaciones delincuenciales no puedan tener la facultad de estar armados”.

Por Convergencia, el senador Eugenio Govea Arcos dijo que los misterios públicos están totalmente inermes ante el crimen organizado, pues son los responsables de integrar la averiguación previa y no tienen ningún mecanismo de defensa que les permita garantizar su integridad ante cualquier agresión o amenaza.

La Comisión que preside el senador Felipe González González, también aprobó solicitar al secretario de Seguridad Pública un informe de los resultados de la investigación realizada por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Federal, con relación a los hechos en que murió Karina Ivette Ibarra Soria, de 16 años.

Asimismo, pedirán al procurador general de la República exponga sobre la intervención que ha tenido en torno a este caso.

En el texto aprobado se señala que la adolescente fue baleada por agentes federales a fines de enero pasado en Ciudad Juárez, Chihuahua y falleció la madrugada del día 31 de dicho mes.

Más adelante, los legisladores ratificaron una minuta que modifica la Ley Federal de Seguridad Privada, a fin de regular el funcionamiento de empresas que ofrecen servicios de alarmas y monitoreo electrónico en industrias, comercios, oficinas públicas, escuelas, entre otros.

En el texto se establece que las empresas que ofrezcan este tipo de servicios deberán entregar, como requisito para operar, una copia de la cédula de Registro Federal de Contribuyentes y material fotográfico de los establecimientos que proporcionen los servicios.

Asimismo, busca obligar a estos negocios a que presenten una copia certificada del modelo de contrato tanto a la Profeco como a la dirección general de Registro y Supervisión de Empresas y Servicios de Seguridad Privada, y además los hace responsable de todo lo que ocurra por los servicios que subcontraten por monitoreo.

En otro tema, los legisladores resolvieron modificar a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con el objetivo de aplicar un manual de protección ciudadana y prevención de riesgos como política permanente, sistemática, continua y evaluable.

Dicho manual --agrega el dictamen-- tendrá que ser difundido en todas las instancias de gobierno y sociedad civil de forma periódica.

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