COMUNICADO-979

•  El nuevo ordenamiento corresponde al primer dictamen relativo a las leyes secundarias en materia energética 

•  Establece el marco jurídico que regirá a las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo

Las comisiones de Energía y de Estudios Legislativos Primera iniciaron el análisis y discusión del proyecto para expedir la Ley de Hidrocarburos y reformar diversas disposiciones de las leyes de Inversión Extranjera, Minera y de Asociaciones Público Privadas.

El nuevo ordenamiento establece el marco jurídico que regirá a las actividades estratégicas de exploración y extracción de petróleo y gas, así como a la industria de los hidrocarburos.

Contempla las implicaciones de las actividades propias de este sector en materia de transparencia y rendición de cuentas, uso y ocupación temporal de las tierras, contenido nacional, impacto social, seguridad industrial y protección al medio ambiente, entre otras.

Plantea las bases para que el Estado lleve a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, mediante asignaciones con empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas, o con particulares.

Al fijar la postura del Partido Revolucionario Institucional, el senador José Ascención Orihuela Bárcenas refirió que el proyecto reafirma el principio constitucional de que corresponde a la nación la propiedad inalienable e imprescriptible de todos los hidrocarburos que se encuentran en el subsuelo.

Con el fin de asegurar que los recursos que corresponden a la nación sean debidamente protegidos, prevé la participación obligatoria de una empresa productiva del Estado, es decir, Petróleos Mexicanos, en aquellas áreas contractuales en la que exista la posibilidad de encontrar yacimientos transfronterizos.

La iniciativa, asentó, es fundamental para incrementar la seguridad energética, generar mayores tasas de desarrollo económico y empleo, así como para aumentar los ingresos del Estado a mediano y largo plazo.

Por el Partido de la Revolución Democrática, la senadora Dolores Padierna Luna afirmó que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) van a la competencia en condiciones de total desventaja, atados de pies y manos en una pugna desleal, sin instrumentos jurídicos ni financieros al no incluirse en las 21 leyes a discutir.

Los proyectos de exploración y extracción de hidrocarburos, en la denominada “Ronda Cero” acotan deliberadamente el desarrollo de la paraestatal, ya que Pemex se queda sólo con el 42 por ciento de las reservas y el sector privado con el 58 por ciento restante; por si esto no bastara, dijo, se ceden a los particulares las reservas con mayor potencial productivo.

Sostuvo que en el dictamen se establece la entrega de la infraestructura, así como la presentación de utilidad pública un negocio privado, para que el gobierno expropie 400 mil kilómetros cuadrados de territorio nacional; que serán susceptibles de ser entregados a las trasnacionales extranjeras.

A nombre del Partido Verde Ecologista de México, la senadora Ninfa Salinas Sada consideró que con la reforma, Petróleos Mexicanos se fortalece al transformarse en una empresa productiva del Estado con prácticas y estándares globales e integrales.

Como asignatario ahora Pemex será un socio atractivo y, como contratista, tendrá gran flexibilidad para poder aprovechar las oportunidades de expansión y de desarrollo que hoy se plantean en este nuevo esquema.

En materia contractual, la legisladora consideró que el nuevo ordenamiento incluye un proceso que genera confianza, transparencia, certeza jurídica y equidad para los participantes de la industria.

Por el Partido del Trabajo, su coordinador parlamentario, Manuel Bartlett Díaz, se pronunció en contra del proyecto de dictamen, al considerar que es un retroceso en el sector energético, ya que desde la reforma constitucional, en diciembre pasado, se elimina la exclusividad al Estado para la extracción de hidrocarburos para dar paso a la participación de las empresas trasnacionales.

Aunando a lo anterior se pretende crear un régimen especial para desaparecer Pemex y que siga aportando el 40 por ciento del presupuesto nacional. Contrario al objetivo planteado en la iniciativa, comentó, es “mentira” que se busque incrementar la seguridad energética del país, creación de empleos y desarrollo económico.

Refirió que en diversos puntos del documento se señalan actividades que no abonarán a fortalecer a Pemex, debido a que el dictamen establece un marco jurídico para regir actividades estratégicas que serán desarrolladas por las empresas extranjeras, además de que éstas últimas ocuparán las tierras para realizar las actividades del sector y no de manera temporal, como lo señala el dictamen.

Como lo establece el procedimiento para el desahogo de las discusiones e intervenciones de los senadores, aprobado en la reunión ayer, las comisiones decretaron un receso para continuar con la postura del Partido Acción Nacional en la sesión vespertina.

Previo al inicio de la reunión, el senador Miguel Barbosa Huerta, del PRD, propuso suspender el procedimiento de análisis hasta que la Comisión de Reglamentos y Prácticas Parlamentarias dé respuesta a la consulta que le formularon sobre si es posible desahogar las discusiones de los dictámenes en lo particular sin una votación previa en lo general y si se pueden presentar la reservas en bloque durante 15 minutos y no artículo por artículo.

Sin embargo, luego de un intenso debate, las comisiones unidas determinaron por mayoría que la propuesta no se admitiera a trámite.

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