COMUNICADO-935
• Dijo que comisiones del Senado iniciarán trabajos para mejorar el marco legal de protección a menores
• Uno de cada cinco menores carece de familia y son vendidos para su explotación, señala Fundación
El Senado de la República tiene la responsabilidad de crear leyes con un enfoque dirigido a la infancia y de esta forma hacer valer su derecho de acceso a la justicia, afirmó la senadora Diva Hadamira Gastélum Bajo, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, al reconocer que México registra un importante rezago en materia de protección a menores dentro de las organizaciones internacionales a las que pertenece.
Al presidir el foro Protocolo de Actualización para Mejorar el Acceso a la Justicia, Gastélum Bajo dijo que junto con las senadoras Hilda Flores Escalera y Martha Elena García Gómez, presidentas de las comisiones de Grupos Vulnerables y de Derecho de la Niñez y de la Adolescencia, iniciarán la tarea para lograr que las normas aterricen durante los juicios por abusos de menores.
Gastélum Bajo se pronunció porque se impulse la figura de que por oficio se persigan casos de abuso contra menores, e incluso propuso la creación de una red de promotores para hacer efectivas las denuncias de los menores que por miedo no denuncian o a cuya voz no se les quiere dar credibilidad.
Reconoció que el Poder Legislativo puede contribuir a eliminar el rezago que registra México en la materia, pues incluso organizaciones internacionales a las que pertenece, como el Consejo de Europa para la Protección de la Infancia, ha indicado que nuestro país no puede participar en diversas campañas porque no cuenta con una medición sobre violación de niños y niñas en el círculo de confianza, de la familia, entre otros aspectos.
“No sabemos qué está pasando en México, porque hay mucho silencio en el tema y, perdón, mucha impunidad” entre las mismas autoridades judiciales, enfatizó la senadora por el PRI al citar el caso, en Querétaro, de un niño sometido a todo tipo de vejaciones “y no sabe qué hacer, porque las leyes están hechas para adultos, no está pensada para los niños y niñas de este país”.
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) coincidieron en que existen vacíos que no permiten la adecuada aplicación del Protocolo de Actuación para Mejorar el Acceso a la Justicia, como es la capacitación de los jueces para atender los casos de niños y niñas e incluso la negación de muchos de ellos de someterse a un apoyo psicológico para lograr aplicar la leyes con la adecuación pertinente a favor de los infantes.
Los magistrados Oscar Gregorio Cervera Rivero y Rebeca Florentina Pujol Rosas señalaron que todos los jueces debieran estar obligados a contar con mayor capacitación y ayuda de psicólogos, a fin de saber cómo entrevistar a un niño sin el riesgo de lastimar su mentalidad, que está en pleno desarrollo y por ende no puede ser tratado igual que un adulto.
Se pronunciaron también porque se creen espacios lúdicos, a fin de que los menores puedan tener confianza y se expresen libremente, lo cual permitirá que se incurran en erróneas interpretaciones, lo cual sucede con frecuencia cuando son sometidos a cuestionarios en un ambiente agresivo y con un lenguaje que ellos no entiende.
Los magistrados Juan Estrada Negrete y Alejandro Fernández Hernández apuntaron que es necesario dar valor a la palabra de los menores cuando denuncian actos como violencia intrafamiliar, así como hacer de su conocimiento, de forma comprensible, todos sus derechos, ofreciéndoles todas las medidas de protección a través de dicho protocolo y las autoridades competentes.
Consideraron que es necesario que los jueces exploren diversas formas para poder obtener declaraciones de los menores de forma que sean totalmente comprensibles para ellos, como es la realización de juegos o dibujos, así como la posibilidad de entrevistarlos incluso en sus hogares.
El magistrado Gabriel Flores García solicitó al Senado se elaboren los códigos familiar y de procedimientos familiares, así como juzgados de distrito y colegiados en materia familiar, pues para impartir justicia se requiere de un perfil especial del juzgador, sobre todo tener sensibilidad moral y espiritual que requiere la atención a niños y niñas, pues “sabemos que muchos la resoluciones son en favor de los intereses de los adultos”.
El magistrado Juan Miguel Morales Monter hizo hincapié en que existen 150 protocolos y convenios en materia internacional, destacándose la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Convención Sobre los Derechos de los Niños, por lo que se requiere de que las leyes mexicanas se ajusten para poderlos cumplir.
La presidenta de la Fundación “¿Y quién habla por mí?”, María Ampudia, dijo que uno de cada cinco niños y niñas no tienen familia y son vendidos para su explotación, laboral o sexual, sin contar con posibilidades de acceder a la justicia porque no se les da la voz.
Destacó el hecho de que las leyes por no estar enfocadas a los derechos de los niños provoca situaciones en que los casos de abusos sexuales sean callados por los menores en la mayoría de casos, por miedo derivados de las amenazas de sus abusadores y, en casos peores, cuando se deciden a hablar, los adultos no les creen, incluidas las autoridades, de ahí la necesidad de reforzar el Protocolo de Actuación para Mejorar el Acceso a la Justicia”.
Sergio Meyer, de la misma fundación, enfatizó que los protocolos y leyes a favor de la infancia existen, la cosa es hacerlas válidas y aplicarlas pues a diario se registran casos de menores sujetos a golpes, discriminación y maltrato emocional y psicológico, e incluso la sociedad se ha hecho inmune.
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