COMUNICADO-812
• Con el argumento de que los deportistas son trabajadores independientes, violan sus derechos: Diva Gastélum
• Necesario que la STyPS e IMSS inspeccionen condiciones de los contratos y áreas en las que se desarrolla esta disciplina
Las promotoras de la lucha libre han encubierto la relación laboral con los profesionales del ring, con el pretexto de que se trata de trabajadores independientes, acusó la senadora del PRI, Diva Hadamira Gestélum Bajo, al proponer que el Senado solicite a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS) y al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se sancione a las empresas que incurran en estas irregularidades.
Al argumentar ante el Pleno de la Comisión Permanente este punto de acuerdo, expuso que las prácticas ilegales van desde la falta de cumplimiento de tratos de palabra, hasta los vetos para que los luchadores no puedan participar en algunas de las empresas del ramo en el país.
Esto, aseveró, orilla a los deportistas a aceptar condiciones de trabajo desventajosas, pues tienen urgencia de obtener un ingreso que les permita mantener a sus familias dignamente.
La mayoría de luchadores profesionales refiere que los empresarios no establecen contratos que estipulen condiciones como pago, jornada, lugar y demás responsabilidades de las partes; aseguran que además no reconocen ninguna relación laboral, bajo la consigna de que los luchadores son independientes y no trabajan de forma permanente.
La legisladora estableció que estas prácticas vulneran las garantías mínimas de todo trabajador, aun cuando sea considerado independiente, máxime si se trata de deportistas profesionales como sucede en este caso. Por ello, consideró necesario que los titulares de la STyPS y del IMSS lleven a cabo inspecciones y visitas dentro del ámbito de sus facultades.
En caso de encontrar violaciones a derechos laborales y de seguridad social, en la contratación y acceso a los servicios de seguridad social de los profesionales del ring, es necesario aplicar sanciones conforme al marco legal a las empresas promotoras, pues de esta manera será posible garantizar el goce de las condiciones mínimas que debe tener este sector en la práctica de su actividad profesional.
El punto de acuerdo fue turnado a la Tercera Comisión de la Comisión Permanente.
---.---