El senador Silvano Aureoles Conejo propuso reformar la Constitución y el Código Penal Federal para que los funcionarios públicos que cometan un delito en el desempeño de su cargo sean destituidos e inhabilitados para ejercer el servicio público de manera definitiva.

Cuando realizan una actividad ilícita, subrayó el legislador perredista, los integrantes de la administración pública “no sólo violan disposiciones legales, principios y valores contenidos en el Código de Ética de los Servidores Públicos, sino atentan contra la Federación y la sociedad”.

Refirió que de enero a junio de 2010 se registraron 28 mil sanciones de carácter administrativo y de esas más de 3 mil 494 fueron inhabilitaciones.

Asimismo, destacó el senador por Michoacán, se presentaron 107 denuncias penales por actos de corrupción en contra de 292 personas, de las cuales 225 eran servidores públicos.

El servicio público, consideró, debe realizarse con apego a valores y “bajo los principios de integridad, honradez, imparcialidad, justicia, transparencia, rendición de cuentas, igualdad y respeto”.

En una iniciativa, que turnó la asamblea senatorial a las comisiones de Puntos Constituciones y de Estudios Legislativos, Aureoles Conejo planteó modificar la Carta Magna para que en el caso de que el servidor público sea declarado culpable, la destitución e inhabilitación para ejercer un cargo público sea definitiva.

También propuso reformar el Código Penal Federal para imponer de tres días a un año de prisión, multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de la comisión del delito y destitución e inhabilitación definitiva para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos.

Dicha propuesta se remitió a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.

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