Las peticiones y permisos otorgados para que aeronaves no tripuladas de Estados Unidos sobrevuelen nuestro territorio “no son violatorios de la soberanía”, pues estas acciones “son controladas por el gobierno de México y contribuyen a su capacidad para enfrentar al crimen organizado”, afirmó la canciller Patricia Espinosa Cantellano.
Al comparecer ante el pleno del Senado, la secretaria de Relaciones Exteriores aseveró que los permisos “tuvieron lugar en ejercicio de facultades previstas en la Constitución y en las leyes federales”.
“En ocasiones limitadas y especificas --reveló-- se ha pedido el apoyo de Estados Unidos para contar con aviones no tripulados, como una herramienta para la obtención de información de inteligencia” y combatir a las bandas del crimen organizado.
“Se trata de acciones concretas que en cada caso han sido delineadas y controladas por el gobierno de México; no es un programa permanente ni se permite su ingreso al espacio aéreo mexicano fuera de las acciones limitadas”, enfatizó al responder a los posicionamientos de cada grupo parlamentario.
Aclaró que es atribución exclusiva del Ejecutivo federal otorgar permisos de sobrevuelo de cualquier naturaleza y la Ley de Seguridad Nacional faculta a las instancias correspondientes a utilizar cualquier método de recolección de información, bajo el respeto a las garantías individuales y los derechos humanos.
Sobre el operativo Rápido y Furioso manifestó que “el trasiego controlado de armas hacia México “sería una practica ilegal que no hubiera sido aceptable por el gobierno mexicano y no será aceptada bajo ninguna circunstancia”.
Por ello, las investigaciones en ambos lados de la frontera “son de gran importancia para determinar la veracidad de las acusaciones y castigar cualquier acción ilícita que pudiera haber sido realizada”.
La Procuraduría General de la República, informó, ya inició una investigación “para sancionar cualquier delito que pudiese haber sido cometido en territorio mexicano”.
El operativo, refirió, buscaba permitir que intermediarios pudieran adquirir armas en Estados Unidos para detectar esquemas ilícitos de distribución y venta a terceros en territorio estadounidense, “sin que se contemplará su trasiego transfronterizo controlado, y subrayo, sin que se controlara”.
Agregó que en la comunicación cotidiana con el gobierno norteamericano se insiste en que haya mayor actividad de las dependencias estadounidenses para perseguir el tráfico ilegal de armas hacia nuestro país.
Hay un diálogo sobre estos temas; “sin embargo --aclaró-- en todo momento la exigencia de la parte mexicana es que estos operativos tienen que hacerse con estricto apego a la legislación nacional”.
De ninguna manera y en ningún momento, reiteró, estos operativos “contemplaron el trasiego de armas de Estados hacia México”. Si se alega que esto ocurrió significa que “en algún momento podría haberse excedido el mandato que tenían formalmente autoridades de ambos lados de la frontera”.
Además, mencionó que la presencia y actividades de agregados de dependencias de seguridad extranjeras se rigen por las convenciones sobre relaciones diplomáticas y consulares y por un acuerdo que establece la regulación de la estancia temporal de los agentes de otras naciones.
Estimó que el intercambio y cooperación en el combate a la delincuencia organizada requieren de más personal, pero esto no implica falta de control, incremento desproporcionado de agentes “ni mucho menos que estén actuando fuera del marco legal existente”.
El gobierno mexicano, asentó la secretaria de Relaciones Exteriores, considera que el número de representantes extranjeros de agencias de procuración de justicia es reservado por razones de seguridad y así ha sido ratificado por el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública.
Respecto al caso Cassez, Patricia Espinosa advirtió que se decidió no aceptar la solicitud de su traslado a Francia porque “existen fundadas razones para creer” que una vez ahí no cumpliría con su condena.
Para un país con claro interés en avanzar en la lucha contra el secuestro, los eventuales beneficios a Florence Cassez que se consideran probables con su traslado “simple y sencillamente no son aceptables”, pues se trata de un asunto judicial que debe ser tratado en ese ámbito y no debe afectar las relaciones franco-mexicanas.
En la etapa de preguntas y respuestas, el senador panista Rubén Camarillo Ortega advirtió que en materia de seguridad nacional y de combate al crimen organizado “no hay espacios para la simulación ni para poses e indefiniciones”.
De parte del Ejecutivo federal, consideró, “no ha habido titubeos ni simulación” sino compromiso y lealtad, por lo que es necesaria más “colaboración en los hechos que declaraciones, pues no hay razón para que el representante del gobierno norteamericano no se conduzca con el respeto que lo hace el nuestro en su territorio”.
En respuesta, Espinosa Cantellano señaló que en la relación con Estados Unidos, como con ningún país del mundo, México no acepta imposiciones ni ningún tipo de condicionamientos que vulneren la soberanía y el interés nacional.
Por el PRI, el senador Carlos Jiménez Macías expresó que el gobierno estadounidense “tiene un doble discurso”, pues lanza a sus funcionarios a desacreditar la lucha anticrimen y es tolerante en el consumo de drogas en su territorio.
Aseguró que “el gran prestigio de México en materia internacional, su liderazgo en Latinoamérica, así como su voz fuerte y contundente en muchos foros internacionales, ya se perdió”.
La canciller afirmó por su parte que nuestro país es respetado y reconocido como uno de los actores fundamentales en el escenario internacional y de ello da cuenta su destacado papel en temas como cambio climático, iniciativas en materia de crimen organizado y la ocupación de la presidencia en el Consejo de Seguridad de la ONU.
A su vez, el senador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu enfatizó que lo que México necesita es tener al frente a alguien que ponga orden y paz.
Cuestionó a la funcionaria si es de su conocimiento la existencia de una averiguación previa sobre el caso del vuelo de naves norteamericanas para identificar las armas que ingresaron al país y sobre qué delitos se fincó.
Patricia Espinosa reconoció que existe una investigación en la PGR y mencionó que los aviones no tripulados no están artillados y el gobierno sí está actuando en el marco de la ley.
El senador Arturo Escobar y Vega, del PVEM, replicó que en el caso Rápido y Furioso se requería la más alta condena del presidente de la República y no sólo ante el gobierno norteamericano, sino ante organismos internacionales como la OEA y la ONU.
Frente a la guerra contra el crimen organizado --dijo-- “pidamos a un miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU que solicite un embargo de armas a México”.
“Sellemos las fronteras sur y norte. Hablemos a la gente de lo que importa tener paz, tranquilidad y seguridad, no una soberanía mal entendida”, enfatizó.
Como respuesta, la canciller precisó que el embargo de armas no aplicaría, ya que “se requiere que se trate de una situación que ponga en peligro la paz y tranquilidad internacionales, lo cual no está en la mente de ninguno de los miembros de la comunidad internacional”.
A su vez, el senador Dante Delgado, de Convergencia, recalcó que los sobrevuelos no son cualquier permiso, sino la intervención directa en territorio nacional.
Respecto a las declaraciones de funcionarios de Estados Unidos en torno a la eficacia de la lucha contra el narcotráfico, dijo que hay una realidad de 35 mil muertos en el combate que demuestra sus resultados.
Por su parte, la embajadora señaló que el control de las operaciones se hace bajo inspección y solicitud de nuestro gobierno, en comunicación con el de la Unión Americana acerca de lo que se tiene que hacer y se utilizan aviones estadounidenses por las funciones de equipamiento con que cuentan.
Mencionó que los cables filtrados expresan opiniones y no una postura oficial del gobierno de Estados Unidos.
En tanto, el senador Ricardo Monreal Ávila preguntó si se piensa solicitar la extradición de los agentes norteamericanos que participaron en la operación encubierta Rápido y Furioso y reflexionó sobre la constitucionalidad “de aviones espías” en México.
“Nos quiere tomar el pelo a los senadores. ¿En qué Artículo se faculta al Ejecutivo a autorizar estos viajes? Esa acción viola la Constitución, se debió enviar la solicitud de autorización al Senado y no se hizo”, expresó.
La canciller respondió que el objetivo de la lucha contra la delincuencia organizada es lograr la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos y manifestó su desacuerdo ante el señalamiento de actuar en función de “intereses ajenos”, pues “es el interés nacional el que guía cada una de las acciones”.
Desde su escaño, también participaron los senadores Pablo Gómez Álvarez, del PRD, y Fernando Baeza Meléndez, del PRI.
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