BOLETÍN-405
Funcionarios del gobierno federal sostuvieron una reunión de trabajo con senadores de la República para explicar los objetivos de la minuta que establece una pensión universal para mayores de 65 años, que crea el seguro de desempleo y modifica diversos disposiciones de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro.
En su exposición inicial, Osvaldo Santín Quiroz, jefe de la Oficina de Coordinación del  Secretario de Hacienda y Crédito Público, indicó que el seguro de desempleo que se propone representa aproximadamente 500 mil millones de pesos del Producto Interno Bruto y beneficiaría a más de 2 millones de trabajadores al año, quienes en promedio recibirán un beneficio mensual de 2 mil 600 pesos.
Precisó que este apoyo tendrá una duración de seis meses para cada desempleado y su esquema de financiamiento permitirá que “se aproveche el ahorro del trabajador sin afectarlo patrimonialmente, es decir, se abre la posibilidad de que el trabajador pueda decidir qué hace con su ahorro previsional”.
Recordó que actualmente existe dentro de la legislación vigente protección contra el desempleo que se financia con los recursos del trabajador, quien al perder su empleo puede recurrir a su cuenta individual para el retiro y disponer de recursos, sin embargo, esto provoca el debilitamiento de su pensión, pierde antigüedad y pone en riesgo sus semanas de cotización para poder tener una pensión contributiva a los 65 años.
En este sentido, dijo que el seguro de desempleo que propone el Ejecutivo federal en ningún momento le retira al trabajador “ningún recurso de su patrimonio” ya que “básicamente se organiza de manera diferente para que pueda decidir en qué lo quiere utilizar”.
Sobre la pensión universal para mayores de 65 años explicó que se estima que ésta tenga un impacto fiscal para los próximos 5 años de 65 mil millones de pesos, los cuales se irán incrementando conforme en la medida en que vaya surtiendo efectos la transición demográfica,  pero que en ningún momento llegará a rebasar el uno por ciento del PIB.
En su turno, Alejandro Murat Hinojosa, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), manifestó que la iniciativa no menoscaba ninguna de las prestaciones que actualmente ofrece el Instituto, sino que se amplían a “un tercer cajón, que es la parte del desempleo”.
Mencionó que hoy el Infonavit “tiene alrededor de 190 mil millones de pesos de 22 millones de mexicanos que alguna vez cotizaron y hoy dejaron de cotizar”, pero la ley establece que para poder acceder a estos recursos, el trabajador tendría que regresar a la vida formal o llegar a los 60 años para su retiro.
Si no sucede ninguno de estos dos escenarios --subrayó-- no puede acceder a estos recursos. Es por eso que es fundamental prever este tercer escenario relacionado con la pérdida “de la relación de la vida laboral activa”.
Por su parte, Carlos Ramírez Fuentes, presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), comentó que a más de 16 años de la creación de las afores se ha consolidado un sistema de pensiones viable que tiene hoy 2 billones 48 mil millones de pesos bajo administración, que equivale al 13 por ciento del PIB.
Refirió que este sistema cuenta con más de 50 millones de clientes y ha canalizado casi 700 mil millones de pesos a “actividades productivas” donde se generan empleos, se detona el crecimiento, mientras que “este círculo virtuoso del ahorro se ha ido acelerando en los últimos años”.
Indicó que se han registrado 2.1 millones de traspasos, sin embargo, la mitad de éstos fueron cambios a afores de menor rendimiento neto.
Asimismo, informó que se han registrado más de 800 mil millones de rendimientos netos de comisiones que se han generado a lo largo de 16 años.
Al respecto, el senador priista Enrique Burgos García consideró que “no hay vínculo directo o una subordinación de continuidad” entre la reforma constitucional y la minuta relativa a la Ley de Pensión Universal, pero solicitó la opinión de los funcionarios sobre este tema.
Por Acción Nacional, el senador Martín Orozco Sandoval aseguró que con la propuesta de seguro de desempleo aprobada por la colegisladora, quienes conserven su trabajo por 10 años consecutivos y después lo pierdan “consumirán” en seis meses el 60 por ciento de su cuenta del Infonavit de 7.5 años, si deciden acceder a esta figura.
Negó que el fondo solidario vaya a pagar el desempleo de las personas que tengan menos de 7.5 años trabajando, porque aunque se puede acceder a este derecho cada cinco años “nunca alcanzarán” los recursos.
A nombre del PRD, la senadora Dolores Padierna Luna señaló que en el nuevo ordenamiento se proponen una serie de requisitos y “criterios restrictivos” para focalizar el programa y “excluir a mucha gente” de este derecho.
Además, dijo, “establece dos grandes engaños” porque se promueve una pensión universal de mil 92 pesos, de acuerdo a lo que establece el Coneval para una línea mínima de bienestar, pero “hasta dentro de 15 años”; además, se menciona que será para personas de 65 años o más, sin embargo, se otorgará conforme al promedio de vida.
En este sentido, señaló que con esta Ley este derecho no será universal sino condicionado, no incluye prestaciones ni contempla acciones de protección social y se le impone como requisito a los adultos mayores  contar con servicios de salud, pero ¿en cuántas comunidades no tenemos centros de salud?
También, del PRD, el senador Fernando Enrique Mayans Canabal señaló que las reformas a las leyes del sistema de ahorro para el retiro no resuelven el “grave” problema que representan los traspasos para millones de trabajadores, ya que la mayoría de las transferencias registradas han sido con afores que otorgan menores rendimientos.
“Es necesario impedir las prácticas desleales y los niveles de corrupción de los promotores, que cambian a los trabajadores para afores que les otorgan menores rendimientos”, manifestó.
Informó que las pérdidas de los fondos de pensión de los trabajadores durante los meses de mayo, junio y agosto de 2013 fue de alrededor de 150 mil millones de pesos, “aun cuando el gobierno federal está obligado a cuidar el bolsillo de las personas de este país”.
En tanto, el senador panista, Héctor Larios Córdova cuestionó que los recursos del Infonavit ahora serán operados “por una sociedad de inversión”, pues “con esta figura entran en una etapa de penumbra y poca supervisión”.
“A final de cuentas, le llamamos seguro de desempleo pero en realidad es la posibilidad que le abrimos al trabajador para tomar de sus propios recursos cuando está desempleado”, finalizó.
En respuesta, Santín Quiroz dijo que para legislar sobre la pensión universal “no se requiere” de una reforma constitucional y que el Congreso de la Unión cuenta con las facultades para hacerlo.
Afirmó que la minuta no limita a los gobiernos locales para establecer programas de apoyo a los adultos mayores, por lo que en el Distrito Federal o en cualquier otro estado, donde ya existan estos programas, las personas que lo requieran “podrán recibir ambos beneficios”.
“En el caso de un habitante de la  Ciudad de México, estaría recibiendo el apoyo de mil nueve pesos, más los 580 pesos que refiere la propuesta”, enfatizó.
Dijo que se establece un proceso de transición de 15 años para la pensión, a fin de evitar que su financiamiento represente un riesgo para las finanzas públicas.
Santín Quiroz manifestó que el apoyo por parte del Estado para todos los trabajadores que pierdan el empleo será a través de un fondo solidario progresivo que generará estabilidad y se estima que con el 5.5 por ciento de la masa salarial que representa aproximadamente 8 mil millones de pesos al año se estaría cubriendo esta obligación  
Aseguro que la propuesta que aprobó la Cámara de Diputados si va a hacer la diferencia, porque amplía el plazo de uno a tres años, donde el trabajador ahora podrá tomar sus decisiones de manera más consciente, “de ninguna manera estamos limitando el derecho legítimo de los trabajadores para decidir, sólo estamos alineando mejor los incentivos”.
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