El Senado de la República recibió una iniciativa del Ejecutivo que busca reformar la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a fin de que la Secretaría de la Función Pública otorgue beneficios económicos a favor de los particulares que denuncien o proporcionen información sobre actos de corrupción.

Lo anterior, se explica en el documento, se sujetará a la disponibilidad y suficiencia presupuestaria de dicha dependencia.

Además, se plantea que en el caso de servidores públicos que denuncien conductas contrarias a la ley en materia de responsabilidades administrativas podrían recibir algún reconocimiento de carácter no económico.

También, la propuesta del Ejecutivo federal busca adoptar medidas tendientes a proteger a los denunciantes y a cualquier persona que aporte información valiosa para los procedimientos de investigación, auditoría o disciplinarios.

En lo relativo a la evolución patrimonial de los servidores públicos, se pretende agilizar las investigaciones correspondientes y mejorar el seguimiento de su situación patrimonial, con lo que se propiciaría el cumplimiento a las recomendaciones que a ese respecto ha formulado la OEA.

Con ello - -se específica en el texto- - la figura de la denuncia se reorientaría y difundiría en la sociedad mexicana con el objetivo de consolidarla como un instrumento útil y confiable del que puedan valerse las autoridades competentes.

Por otro lado, plantea establecer la posibilidad de disminuir la sanción correspondiente siempre que no se hubiesen producido beneficios, lucro, daños y perjuicios, o en su caso, que el servidor público entere a las autoridades el monto del beneficio obtenido.

En la iniciativa, la Secretaría de Hacienda informa que estas reformas no representan impacto presupuestario adicional para las dependencias y entidades de la administración pública federal, toda vez que no significan la creación o modificación de plazas.

El documento se canalizó a las comisiones de Gobernación y Estudios Legislativos.

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