Es necesario dotar de infraestructura a las redes públicas de internet de banda ancha y aplicaciones de tecnología de información y comunicación, así como hacer efectivo el combate al rezago de la brecha digital que impera en el país, afirmó en tribuna el senador del PRD, Benjamín Robles Montoya.
Dijo que la “brecha digital” se define como la separación que existe entre las personas, comunidades, estados y países con respecto al acceso a las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC).
Por ello, el legislador por Oaxaca presentó proyecto de decreto por el que se crea la Ley General de las Redes Públicas de Internet de Banda Ancha, así como una propuesta mediante la que se reforman las Leyes General de Educación y la General de Salud, en materia de redes públicas de Internet de banda ancha.  
Manifestó que en México, según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), de los 7.4 millones de hogares que cuentan con una computadora, el 32 por ciento no cuenta con conexión a internet y de estos el 54 por ciento señala la falta de recursos económicos como la principal limitante para contar con una conexión a la red.
Indicó que con las recientes reformas constitucionales en materia de telecomunicaciones se abre la posibilidad de que puedan darse los pasos adecuados para abatir la mencionada “brecha digital”, ya que contemplan en el artículo 6º la obligación que tiene el Estado de garantizar el derecho para acceder a las TIC.
Aseguró que los artículos transitorios de la reforma en telecomunicaciones brindan instrumentos muy valiosos que apoyan el objetivo de impulsar el desarrollo social y económico del país mediante las tecnologías de la información, pues en ellos se reconoce la responsabilidad del Estado de trabajar para llevar a la población los beneficios de la inclusión digital universal
La iniciativa que crea la Ley General de las Redes Públicas  de Internet de Banda Ancha, se turnó a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos, en tanto que  la de Ley General de Educación y  la Ley General de Salud a las Comisiones Unidas de  Educación y de Estudios Legislativos, para su análisis.
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