Con el propósito de fortalecer las instituciones del Estado a favor de los jóvenes, el senador Daniel Gabriel Ávila Ruiz propuso reformar la Ley Federal de Defensoría Pública, con lo que se garantizará la protección legal de jóvenes que no tienen recursos para pagar un abogado ni representación en una controversia judicial en cualquier materia.
De aprobarse la iniciativa, se fortalecerá el andamiaje jurídico para que los jóvenes cuenten con mayores garantías de protección y de acceso a la justicia, así como verdaderas oportunidades de desarrollo, explicó el legislador del Partido Acción Nacional.  
Puntualizó que se plantea establecer de manera explícita en la Ley, la obligación del gobierno de brindar protección jurídica gratuita a los jóvenes y establecer que dicha protección tenga lugar en cualquier procedimiento judicial, en todas las ramas del derecho y no solamente en materia penal.
La protección o asesoría jurídica pública que abarca la asistencia, representación y en general, el patrocinio en materia legal, es un derecho social, obligación del gobierno y un instrumento del sistema jurídico para garantizar a la población y a los jóvenes en particular, el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, argumentó Ávila Ruiz.
El senador panista recalcó que la legislación federal vigente no contempla el mecanismo de protección con dichos alcances, sin embargo, comentó que tanto en Yucatán como en el Estado de México, es ya una realidad, pues se incorporó a su legislación local la asesoría jurídica gratuita para su población en todas las ramas del derecho.
En el contexto internacional, dijo, el derecho a la asesoría jurídica es reconocido por varios instrumentos internacionales, por lo que es momento de perfeccionar la legislación en materia de protección de los derechos humanos y para hacer las mejoras que fortalezcan el ejercicio de las garantías y la justicia para los jóvenes.
“La propuesta es imprescindible”, indicó, debemos dotar a la juventud de las herramientas de defensa y promoción de sus derechos humanos y asegurar que las autoridades asuman la obligación, en cuanto a la protección de los derechos fundamentales, tal como está previsto en los instrumentos del derecho internacional y nacional.
La iniciativa que reforma los artículos 1, 4, 15 y que adiciona el 26 Bis, de la Ley Federal de Defensoría Pública, se turnó a las comisiones unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera.
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