En México “el 47 por ciento de las personas de la tercera edad viven en situación de pobreza y desamparo”, pues no tienen ingresos y dependen de lo que pueden conseguir para comparar sus alimentos, afirmó el senador Manuel Velasco Coello.
En este sentido, el legislador del PVEM presentó una iniciativa para expedir la Ley que Otorga el Derecho a una Pensión Alimentaria para los Adultos Mayores de Setenta Años, ya que “una gran mayoría vive en grave situación de pobreza y no cuentan con ningún apoyo para vivir una vejez digna”.
Refirió que en el conteo de vivienda 2010, el INEGI reportó que la población mayor de setenta años a nivel nacional es de casi 11 millones de personas y el 70 por ciento tiene entre 60 y 79 años.
Los adultos mayores que cuentan con una pensión en México, agregó, son cerca de 3 millones, por lo que aproximadamente ocho millones no tienen apoyo para atender sus necesidades de alimentación.
Estos datos --añadió-- revelan que el 47 por ciento de las personas de la tercera edad viven en situación de pobreza y desamparo y la mayor parte habitan en comunidades indígenas marginadas.
“Estamos hablando de cinco millones de personas que no tienen ingresos para comer y dependen de lo que les pueden dar sus familiares o de lo que pueden conseguir para comparar su alimentos”, puntualizó el senador por Chiapas.
La iniciativa, que se turnó a las comisiones de Desarrollo Social y de Estudios Legislativos, Primera, plantea que las personas mayores de setenta años tengan derecho a recibir, por parte del gobierno federal, una pensión diaria no menor a medio salario mínimo vigente en el Distrito Federal.
Para ello, dispone que el presidente de la República, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, la asignación de recursos que garantice este derecho.
Dado el carácter público de la pensión, la información estadística relativa a la misma, excepto el padrón de beneficiarios, deberá ser publicada y actualizada de forma sistemática en la página electrónica de la Sedesol.
Además, dispone que sean sancionados los servidores públicos que condicionen o nieguen el otorgamiento del apoyo económico, soliciten algún tipo de aportación económica o utilicen los beneficios del apoyo con fines políticos, electorales o de lucro.
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