El senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador del PT, sugirió que la Comisión Nacional de Derechos Humanos participe con la Comisión Intersecretarial en la elaboración del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Argumentó que hoy el tráfico de drogas, de armas y la trata de personas son las actividades delictivas más lucrativas a nivel mundial para la delincuencia organizada.

Indicó que de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la trata de personas genera 32 mil millones de dólares cada año.

“Sin embargo, la alta derrama económica que tiene esta actividad para quienes la realizan, es directamente proporcional al daño que causan a las personas que la padecen: rapto, fraude, engaño, abuso sexual, explotación laboral, esclavitud y hasta pérdida de órganos”, subrayó.

Dijo que tanto los migrantes mexicanos como los extranjeros que cruzan nuestro país para llegar a Estados Unidos, son vulnerables ante la trata de personas en la frontera norte y sur, “muchas veces también son objeto de esta infame y atroz actividad delictiva”.

Por ello, consideró que la CNDH no puede permanecer ajena, por lo que el gobierno federal debería invitarla para que participe con la Comisión Intersecretarial en la elaboración y puesta en práctica del Programa Nacional para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas.

Esta participación --añadió--le daría más legitimidad y credibilidad social al propio gobierno, al mismo tiempo que uniría esfuerzos para combatir este flagelo delictivo.

En este sentido, recordó que el INEGI reporta que entre 16 y 20 mil niños son explotados anualmente, de los cuales el 80 por ciento son entre 14 y 17 años, mientras que otras fuentes señalan que son 18 mil los menores mexicanos explotados sexualmente y 92 mil están vinculados con la pornografía infantil.

Ante esta realidad, puntualizó, es muy conveniente y necesaria una adecuada capacitación continua al personal de la administración pública federal que tiene que atender este fenómeno delictivo.

La propuesta se canalizó a las comisiones de Derechos Humanos y Estudios Legislativos, Primera.

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