• PRI: El actual modelo energético en el país esta agotado
• Asegura PAN que el petróleo es y será de los mexicanos y no de contratistas
• Reforma, “producto milagro” para entregar industria y soberanía nacional: PRD
• Para PVEM, garantizar seguridad energética, ambiental y económica
• Provocará “graves daños” al desarrollo, dice PT
• Es tramposa, engañosa y propia de delincuentes, argumenta Movimiento Ciudadano
Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM, PT y Movimiento Ciudadano fijaron ante el pleno su postura sobre el proyecto de decreto que reforma diversos artículos de la Constitución en materia energética.
Al fijar el posicionamiento del grupo parlamentario del PRI, el senador David Penchyna Grub señaló que el modelo energético en el país esta agotado, por lo que esta reforma representa el desarrollo integral del sector energético, que conjuga seguridad, autodeterminación y el ejercicio real de la soberanía nacional.
Señaló que no cambia la condición “irreductible e irrenunciable” de Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad como operadores del Estado en materia energética, “seguirán siendo cien por ciento mexicanas, públicas e insignias del desarrollo del país”.
Puntualizó que las modificaciones mantienen la prohibición de concesiones, “que no es sinónimo de contrato de licencia”, por lo que la nación mantiene el monopolio de los hidrocarburos así como la planeación y control del sistema eléctrico.
Se crea el Fondo Mexicano del Petróleo para que la renta petrolera sea de su población.
El legislador, precisó que los artículos transitorios remodelan y perfilan un modelo que comprende la garantía indeclinable al respeto y a los derechos de los trabajadores de Pemex y CFE, así como la oportunidad de que las remuneraciones de ambos sean acordes a los niveles de la industria nacional e internacional.
“La seguridad energética de México es la llave que haga de nuestra nación una potencia reconocida en el mundo y un orgullo de identidad y existencia para cada uno de los mexicanos”, puntualizó.
Por parte del PAN, el senador Jorge Luis Lavalle Maury afirmó que la enmienda establece un modelo que transforma al sector energético al construir instituciones fuertes, con mayor competencia, eficiencia y buscando siempre la sustentabilidad, “dejando muy claro que el petróleo es y será de todos los mexicanos y no de contratistas o partidos”.
Refirió que la reforma esta basada en ejes fundamentales como: la maximización de beneficios de los hidrocarburos para todos los mexicanos; la creación de una empresa pública productiva del Estado; el establecimiento de organismos reguladores fuertes; la sustentabilidad y medio ambiente y un Fondo Mexicano de Petróleo para la estabilización del desarrollo.
Con ello, dijo que se establecen modelos contractuales adecuados, que generarán confianza y permitirán al Estado mexicano mejorar la eficiencia del servicio y reduciendo los costos en el sector eléctrico.
“Es el dictamen más soberano de todos, porque busca aprovechar el potencial energético del país para beneficio de los mexicanos, generando empleo y crecimiento económico, seguridad energética y el cuidado del medio ambiente”, finalizó.
En tanto, el senador perredista Rabindranath Salazar Solorio expresó que la historia de las privatizaciones en México es de “frustraciones, reveses e infortunios que estallan en el ánimo y en la conciencia colectiva” y que se repite con una reforma energética que se puede equiparar con “un producto milagro”.
Dijo que de manera reiterada se mencionó que con esta propuesta “tendríamos 500 mil empleos, seguridad energética para las próximas generaciones, una empresa a nivel de las mejores del mundo y que México crecerá”.
Sin embargo, con la redacción del artículo transitorio segundo para evidenciar la vulnerabilidad en la que quedarían más de 100 mil trabajadores, que de forma gradual y con la intervención de empresas extranjeras podrían ser despedidos. Además, representa “la entrega de la industria energética nacional y la pérdida definitiva de parte importante de la soberanía nacional”.
Pareciera, agregó, que a los gobiernos les funciona el “círculo vicioso” de crear empresas del Estado con el dinero de los mexicanos, “exprimirlas, saquearlas, reformar la legislación y luego venderlas al capital extranjero, pero al final los mexicanos seguimos pagando las mismas cargas impositivas aunque se tenga que invertir cada vez menos en empresas públicas”.
La senadora Ninfa Salinas Sada, del PVEM, enfatizó que “México requiere un cambio profundo en el modelo de gestión y organización del sector energético y no podemos ser indiferentes ante ello porque las finanzas públicas, los programas sociales y la calidad de vida de los mexicanos deben ser fortalecidos”.
Afirmó que la reforma está orientada a garantizar la seguridad energética, ambiental y económica, por lo que el dictamen contiene ventajas claras y una ruta a seguir para fortalecer a Petróleos Mexicanos, a la Comisión Federal de Electricidad y a los órganos reguladores.
Pemex y CFE, dijo, serán empresas productivas flexibles, toda vez que tendrán “autonomía de gestión” para que sean más ágiles en su operación y eficientes.
Asentó que también se incorporó el principio de sustentabilidad con el que se reconocer que el desarrollo de nuestro país va mano a mano con un medio ambiente sano.
Por el PT, el senador Manuel Bartlett Díaz reiteró que los cambios constitucionales no deben ser aprobados porque provocarían “graves daños al desarrollo económico y a la soberanía de la nación”, porque de no ser así “el pueblo mexicano se movilizará en toda la nación en defensa de su energía y derechos”.
Aseguró que se darán derechos de propiedad directa e indirecta a las corporaciones extranjeras sobre los hidrocarburos, la refinación, la petroquímica, así como la generación y prestación del servicio público de electricidad.
Además, conducirá a la dependencia energética de nuestro país ante las corporaciones y gobiernos extranjeros, impedirá la transición soberana hacia las energías renovables y cancelará los derechos de México reconocidos y reservados en el TLCAN en esta materia.
Ante este panorama, el legislador insistió en su acusación en contra del titular del Ejecutivo Federal “por traición a la patria”, pues con el impulso de esta propuesta realiza “actos contra la independencia, la soberanía o integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a personas, grupo o gobierno extranjero”.
En tanto, de Movimiento Ciudadano, la senadora Layda Sansores San Román expresó que en la modificación constitucional se niegan las concesiones, pero se otorgan contratos, licencias y “mañosamente” se deja en los transitorios la posibilidad de que las empresas transnacionales incluyan en sus activos el petróleo, así como la paulatina extinción de Pemex.
Dijo que esta reforma acusa a Peña Nieto de “corrupto por su silencio cómplice, al encubrir la corrupción en Pemex y en su sindicato, ya que no hace nada para combatirla”.
Respecto de la discusión dentro del Senado, subrayó que la democracia del tablero electrónico no refleja la realidad de la calle, “a las mujeres y hombres que están cercando este recinto para manifestar su inconformidad y el tamaño del cerco policiaco es el tamaño del miedo”.
“Es una iniciativa tramposa, engañosa y propia de delincuentes”, manifestó.
Luego de los posicionamientos de los grupos parlamentarios, se dio paso al desahogo de la discusión en lo general, done se prevé la participación de 32 oradores.
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