BOLETÍN DE PRENSA
• Los cambios a la Constitución permitirán “recobrar” la seguridad energética: PRI
• PAN: Fondo Mexicano del Petróleo servirá para enfrentar contingencias
• Para el PRD el proyecto defiende el interés privado de una oligarquía
• No es una complacencia externa, afirma PVEM
• Con las modificaciones se entrega a Pemex y la CFE a los extranjeros: PT
Senadores del PRI, PAN, PRD, PVEM y PT fijaron su postura sobre el dictamen de la reforma energética que se analiza en las comisiones de Puntos Constitucionales, Energía y de Estudios Legislativos, Primera.
A nombre del PRI, el senador José Ascención Orihuela Bárcenas resaltó que los cambios “enviarán una señal clara a todos los mercados financieros e industriales del mundo, en el sentido de que México avanza hacia una robusta economía de mercado, en el marco de un Estado de derecho renovado y sólido”.
Comentó que para “recobrar” la seguridad energética se requieren modificaciones constitucionales que garanticen la certeza jurídica y la competencia en el sector, pues esto “hará posible que Pemex alcance su madurez productiva y su gradual autonomía respecto de las finanzas públicas, sin que se privatice ni uno solo de sus activos”.
De no hacer una reforma a fondo, advirtió, “México será importador de sus energías primarias en pocos años. Eso no es ser soberano, eso es ser un país dependiente y subordinado, un país hincado al mundo”.
El legislador también hizo notar que en los últimos 10 años, la producción petrolera cayó en más de 20 por ciento, pero en el mismo periodo la inversión de Petróleos Mexicanos creció en casi 500 por ciento y este dato “ubica y desmiente a aquellos que sostienen que Pemex puede solo, a diferencia de cómo operan todas las empresas petroleras del mundo, estatales o privadas”.
Por Acción Nacional, el senador Salvador Vega Casillas aseguró que este proyecto lo que hace es darle al Estado mexicano la posibilidad de que pueda maximizar la renta petrolera para que “verdaderamente beneficie a los mexicanos”.
“Queremos --dijo-- un Pemex fortalecido, no un Pemex debilitado”, que pueda competir en igualdad de circunstancias o, incluso, con ventajas sobre las otras petroleras, “otorgándole la posibilidad de una ronda cero” para “quedarse con la riqueza petrolera que pueda explotar y con los campos que le parezcan convenientes”.
Destacó que con el Fondo Mexicano del Petróleo, el PAN pretende que los beneficios de este recurso y del gas “no se sigan usando solamente para el gasto corriente de este país” y que sirvan para “enfrentar las contingencias” y “lograr la estabilidad de largo plazo”.
Con esta medida, enfatizó, se busca “evitar que tengamos crisis otra vez”, que estos recursos sean palanca de desarrollo y que los mexicanos reciban directamente del petróleo y de la renta petrolera beneficios tangibles.
En tanto, la senadora del PRD, Dolores Padierna Luna, expresó que con la enmienda constitucional incrementarían los precios de los energéticos, ya que entrega el petróleo, gas y electricidad a las empresas trasnacionales y desmantela a Pemex.
“Este decreto defiende el interés privado de una oligarquía, debilita al Estado mexicano, generando corrupción sin límites y una apropiación ilegal de la riqueza sin precedentes, porque lo que pretende Peña Nieto y sus tres partidos es convertir a México en una República bananera”, manifestó.
Afirmó que el dictamen otorga contratos a particulares legalizando servicios que se pagan en efectivo y elimina la exclusividad del Estado respecto del abastecimiento de energía eléctrica, pues se establece que la CFE transferirá todos sus recursos al Centro Nacional de Energía.
“La viabilidad del país está en juego, derivado de los compromisos que un grupo en el gobierno hizo a los extranjeros y a varios magnates”.
Para fijar la postura del PVEM, la senadora Ninfa Salinas Sada dijo que la reforma no es una complacencia externa, pues es un instrumento que fortalece la competitividad de la nación y eleva la productividad del país.
“En México nadie se va a robar nada, al contrario, necesitamos apoyar a las instituciones para que sean fuertes y nos permitan garantizar que las reglas del juego serán respetadas”.
Refirió que la producción de crudo presenta una caída sustancial de más de un millón de barriles al año y entre 2003 y 2012 la producción se redujo en un 25 por ciento, “es por ello que si México quiere ser un actor importante en este ámbito necesitamos adaptarnos al nuevo orden de las cosas”.
Explicó que dentro de la reforma se modificó el artículo 28 para que México cuente con un fondo petrolero que administrará los recursos y procurará la estabilización de las finanzas públicas, “con lo que estaremos por primera vez invirtiendo a largo plazo”.
El senador del PT Manuel Bartlett Díaz expresó que esta reforma le quita a la Constitución principios históricos que se consideran decisiones políticas fundamentales, ya que entrega a Pemex y la CFE a los extranjeros y “eso es traición a la patria”.
Aseguró que se vive una dictadura mediática, “debido a que los medios de comunicación asociados al gobierno han engañado sistemáticamente al pueblo y han inventado una reforma que no existe, han hecho demagogia desde el Presidente hasta el último secretario”.
Dijo que los foros organizados para el análisis de la reforma se organizaron con “maña y sólo representaron una ofensiva mediática”.
“No ha habido discusión alguna del tema, no han permitido que se discuta porque quieren engañar a los mexicanos, lo único que hacen es atender los intereses de los Estados Unidos”, puntualizó el legislador.
En su intervención, para rectificación de hechos, el senador perredista Benjamín Robles Montoya señaló que mientras Petróleos Mexicanos paga prácticamente el 70 por ciento de su ganancias en impuestos hay otras empresas como América Móvil o Fomento Económico Mexicano que únicamente pagan dos por ciento.
Rechazó cualquier cambio a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución porque “dejaríamos de tener la única posibilidad para poder impulsar el desarrollo”, no solamente a nivel nacional sino regional.
“Para solucionar la situación de Pemex --consideró-- no hace falta ninguna reforma constitucional”, toda vez que “el problema real” de la empresa es que no puede cumplir con sus objetivos de ley por falta de inversión pública y por “la pesada losa fiscal con la que carga este organismo público”.
Posteriormente, se abrió el debate para hablar a favor y en contra del dictamen en lo general, donde se prevé la participación de más de 30 senadores.
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