La senadora Carmen Guadalupe Fonz Sáenz propuso reformar la Ley General de las Personas con Discapacidad, a fin de que las empresas privadas cuenten con facilidades arquitectónicas para que sus trabajadores y el público en general con alguna discapacidad ejerzan su derecho al libre desplazamiento en condiciones libres y seguras.

Asimismo, para que se establezcan instrumentos que promuevan el otorgamiento de estímulos fiscales y el diseño de políticas públicas, a fin de que las empresas privadas las implementen.

La legisladora priista mencionó que la última Encuesta Nacional de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Salud, indica que de los 10 millones de mexicanos que cuentan con alguna discapacidad, únicamente 2 millones tienen empleo.

Explicó que de este segmento de población, cerca de 850 mil cuentan con un empleo que les da acceso a la seguridad social, aunque con serias limitaciones “a la hora de ejercer los derechos que les corresponden como trabajadores asegurados, como es el caso de las pensiones y jubilaciones”.

Aunado a lo anterior --dijo-- no sólo los trabajadores con discapacidad de una empresa sufren el impacto que tienen las barreras arquitectónicas, sino además aquel público en general que acude a solicitar alguna prestación de servicio en un centro de trabajo y que igualmente está en condiciones de discapacidad.

Puntualizó que es necesario que la sociedad mexicana cuente con un marco legal que verdaderamente contribuya a garantizar la integración social de su población con algún tipo de discapacidad.

La iniciativa se canalizó a las comisiones de Atención a Grupos Vulnerables y de Estudios Legislativos, Primera.

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