altLa senadora priista Angélica del Rosario Araujo Lara presentó este lunes una iniciativa para tipificar como delito grave la pesca ilegal del pepino de mar y elevar las sanciones para quien realice esta actividad sin los permisos correspondientes.

Se trata, explicó la legisladora, de modificar el artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales y 420 del Código Penal Federal, a fin de imponer de uno a nueve años de prisión y el equivalente de 300 a tres mil días multa a quien “de manera dolosa capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie” con esta especie dentro o fuera de los periodos de veda y sin la autorización que corresponda.

Además, propuso de 10 a 25 años de cárcel y de 100 hasta 500 días de multa cuando la pesca furtiva se cometa por asociación delictuosa, en los términos de la legislación penal.

Dijo que también es necesario castigar “con privación del cargo o comisión e inhabilitación para ocupar otro hasta por cinco años”, al servidor público que en ejercicio de sus funciones o aprovechando su puesto permita, autorice o tolere este ilícito.

Araujo Lara recordó que el pepino de mar se aprovecha principalmente en las costas de Yucatán, Campeche, Baja California Sur, Baja California Norte, Veracruz y Sonora.

Debido a demanda y valor comercial, principalmente en los mercados asiáticos, agregó, la biomasa de esta especie marina “se ha reducido drásticamente en los últimos años, por su creciente sobre explotación y pesca furtiva”.

Se trata, afirmó, de una especie en peligro de extinción que juega un papel importante en el equilibrio de los ecosistemas marinos, por lo que “queremos dejar en claro que somos sensibles de lo que representa su pesca para las familias que viven de su comercialización”.

Lo anterior, toda vez que de no ponerse en marcha medidas severas para proteger adecuadamente al pepino de mar, “dentro de muy poco tiempo el daño económico y ambiental será mucho mayor, ya que no quedará nada para comercializar y se dañará el desarrollo de otras especies.

El proyecto, que también suscribieron los senadores María del Rocío Pineda Gochi, Mely Romero Celis, Margarita Flores Sánchez, Ivonne Liliana Álvarez García, Lisbeth Hernández Lecona, Claudia Artemiza Pavlovich Arellano, Óscar Román Rosas González, Ricardo Barroso Agramont y Aarón Irízar López, del PRI, se turnó a las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos.

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