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Número-1041

  • Informa al Senado que no existen políticas enfocadas al tratamiento oportuno de personas con discapacidad psicosocial e inimputables en los reclusorios del país.
  • Existen cuatro mil 476 internos con padecimientos mentales en los reclusorios del país, señala.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) afirma que en el Sistema Penitenciario Nacional existe una persistente violación, principalmente el de la protección de la salud, de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en los centros penitenciarios del país.

Ello, se informa en el oficio que la CNDH envió al Senado de la República denominado “Situación de las Personas con Discapacidad Psicosocial e Inimputables en Centros Penitenciarios de la República Mexicana. Pronunciamiento”.

En el documento se señala que al no existir políticas públicas enfocadas a la prevención, identificación, diagnóstico y tratamiento oportuno que este grupo de población requiere, se hace evidente que los centros de reclusión penitenciaria no son las instancias adecuadas para proteger y garantizar el respeto a los derechos humanos de esta población.

Indica que a octubre de 2015, había registrados cuatro mil 476 internos con padecimientos mentales en los reclusorios del país, de los cuales mil 054 fueron declarados inimputables y tres mil 422 con discapacidad psicosocial.

Señala que las personas en internamiento con discapacidad psicosocial y aquellos declarados inimputables se encuentran en centros penitenciarios tanto estatales como federales.

Por lo que hace al gobierno federal, precisa, se cuenta con una institución especializada para este tipo de usuarios, denominada Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, con capacidad de 450 espacios, que a octubre de 2015 registró un total 329 internos, de los cuales sólo 67 presentan alguna discapacidad psicosocial o han sido declarados inimputables.

No obstante, se menciona que la CNDH ha identificado múltiples situaciones que vulneran los derechos de las personas internas, entre las que destacan el maltrato, la discriminación, la falta de condiciones de estancia digna, de atención especializada, inadecuada clasificación, inexistencia de unidades psiquiátricas específicas.

Asimismo, la inobservancia de los estándares de especial protección, previstos en la normatividad nacional e internacional en materia de derechos humanos, situación que se reitera en 28 entidades federativas donde se encuentran recluidos.

Este organismo identificó la falta de un marco normativo que permita otorgar ajustes razonables o medidas de compensación jurídica aplicables a este grupo, lo cual los convierte en víctimas de maltrato y discriminación y una ausencia de personal especializado para proporcionar atención técnica.

También, la inadecuada clasificación, atendiendo a las características especiales y de vulnerabilidad de las personas con discapacidad psicosocial, ubicándolas en ocasiones en áreas donde se localizan individuos con enfermedades infecto-contagiosas y en condiciones insalubres.

Aunado a ello, hay un desabasto de medicamentos, material de curación y equipo médico, así como limitación en el acceso a servicios básicos como agua, luz eléctrica y ventilación, falta de vigilancia y control de situaciones de convivencia de los discapacitados psicosociales con el resto de la población interna, que provoca victimización, abuso físico, sexual y psicológico.

Ante este panorama, la CNDH informó a los senadores que ha realizado 69 recomendaciones, una recomendación general y 3 informes especiales, en los cuales se reiteran acciones y omisiones que afectan a este grupo de población.

Entre las recomendaciones que este organismo emitió se encuentra la de adoptar medidas necesarias para que las personas que requieran atención especializada social, sean valoradas y diagnosticadas por profesionales especializados, a fin de que se integre un expediente médico con su historia clínica para que sean atendidas por un médico psiquiatra.

Del mismo modo, que el Sector Salud tome las medidas necesarias para garantizar el derecho a la protección de la salud de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables que se encuentren en centros penitenciarios, a efecto de que sean internados para su atención en instituciones especializadas.

La Comisión hizo un llamado para armonizar el marco normativo aplicable a esta población, teniendo como base los estándares de protección a los derechos humanos previstos en instrumentos internacionales e instrumentar una unidad de seguimiento a la situación jurídica de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables

Bajo este enfoque, enfatizó, se busca contribuir de manera constructiva al desarrollo de políticas públicas que garanticen el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y que padecen enfermedades mentales, de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales.

El informe se envió a las comisiones de Derechos Humanos, Seguridad Pública y Atención a Grupos Vulnerables.