La Cámara de Senadores finalizó las audiencias públicas en materia de narcomenudeo y extinción de dominio, que fueron convocadas a fin de que los legisladores pudieran tener elementos para analizar las reformas.

En esta ocasión la audiencia se centró en la materia del narcomenudeo y contó con la presencia de 9 especialistas que expusieron sus puntos de vista y abordaron diversos aspectos de las reformas propuestas por el Ejecutivo.

Al iniciar la audiencia el director de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), José Antonio Caballero Juárez, consideró que con la iniciativa los ministerios públicos locales tendrán problemas al abordar el tema del narcotráfico. Por ello, recomendó establecer un Ministerio Público especializado por ser un tema atípico, para delimitar claramente qué es del ámbito local y Federal.

Por su parte, el especialista en adicciones, José Antonio Elizondo  López, aseguró que el tema del narcomenudeo debe ser atendido en dos vertientes, la oferta y la demanda, pero en México se ha dado mayor impacto a la oferta. Es así, que invitó a los legisladores a establecer mecanismos que den protección a la salud mental de los consumidores, centrándose en la protección que tenga a la familia como centro del apoyo a la prevención de la adicción.

Carlos Fazio, periodista y analista internacional, recomendó ampliamente a senadores la necesidad de enfatizar las acciones que permitan la promoción de la salud. Al mismo tiempo, centrar esfuerzos en la prevención, reducción de daños, disminución de demanda, rehabilitación y reinserción social. Incluso consideró urgente generar un intenso combate contra bandas de narcotraficantes y en contra el lavado de dinero, por ser motores del crimen.

Sobre el tema, el director general de los Centros de Integración Juvenil, Víctor Manuel Guisa Cruz, recomendó establecer más programas de prevención pues recordó que es más factible prevenir los actos delictivos a establecer medidas para posteriormente  combatirlos. Se pronunció en contra de encarcelar a los consumidores, en lugar de ello, propuso un trato más humano que atienda los problemas que los lleven a las drogas.

Gerardo Laveaga Rendón, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales, enalteció la reforma, ya que identifica la diferencia entre narcotráfico y narcomenudeo; distingue facultades de las autoridades; genera certeza jurídica; da respuesta a los farmacodependientes; y se empiezan a despenalizar ciertas conductas, por lo que la calificó de un instrumento de avanzada para enfrentar con imaginación el reto de salud del narcomenudeo.

Por su parte, Ernesto López Portillo, Presidente Fundador del Instituto para la Seguridad y la Democracia, opinó que el Estado no puede generar espacios de mayor riesgo, por lo que se deben construir alternativas y que la reforma incluya un proceso de la administración del cambio, al respecto, añadió que la cultura mexicana sobredimensiona las transformaciones.

A su vez, Carlos Peralta, Presidente y director general de IUSA, aclaró que en México no existe legislación clara que prohíba en consumo del alcohol o de las drogas. Lo que se necesita es identificar a los millones de enfermos que hay en el país y que se les suministre la droga mínima a fin de quitar el valor comercial de los estupefacientes, de esta manera se podrá reconocer a los adictos y atender su problema.